//Ayotzinapa: la esperanza sigue viva

Ayotzinapa: la esperanza sigue viva

Por: Jessica Iliana Guerra Moreno

México ha demostrado ser un país de gente valiente, dispuesta a defenderse y protestar ante las injusticias. Sin embargo, estas cualidades se corrompen con datos alarmantes como las guerras contra el narcotráfico,  desapariciones forzadas, mentiras, masacres,  casos sin resolver, violación de los derechos humanos y una acción deficiente y dudosa por parte del sistema de gobierno, pues en muchos casos, se le atribuye la responsabilidad de estas injusticias a las llamadas “autoridades” o la delincuencia organizada. Claro ejemplo de ello son la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa de lo cual actualmente se cumplen 4 años y el movimiento estudiantil que terminó en la llamada “Matanza de Tlatelolco” en 1968, hace 50 años.

El primer suceso, el de los normalistas de Ayotzinapa, sigue siendo un caso sin resolver. Cuenta la historia que todo comenzó una noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, se disponía a asistir a la conmemoración de la Masacre de Tlalelolco, como era su costumbre cada año. Para esto recaudaron dinero y  viajaron a la ciudad de iguala para “pedir prestados” o como otros dicen, secuestrar dos camiones, lo cual justificaban por su falta de recursos. Después de llevar los camiones a la terminal, iniciaron su viaje. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar el recorrido, fueron atacados por la policía municipal sin ninguna razón exacta hasta ahora, abrieron fuego contra ellos mientras que la policía estatal, federal y el ejército, a pesar de darse cuenta del suceso no hicieron nada para evitarlo.

Esta noche de horror dio como resultado la desaparición de 43 estudiantes, 6 muertos,  más de 40 heridos, 80 perseguidos y acosados y 30 sobrevivientes de ataques directos. Desde este momento palabras como “desaparición forzada”, “ejecución extrajudicial” “derechos humanos” y “justicia” forman parte del vocabulario usual de los ciudadanos.

Al día siguiente, 27 de septiembre, se encontró el cadáver de uno de los normalistas, Julio César Mondragón Fontes de 22 años, con evidencias de haber sido torturado. Sin embargo, las familias declararon 43 desaparecidos y hasta ahora siguen faltando 42.

Esta información fácilmente nos recuerda a la Masacre de 1968, durante el gobierno presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. Como muchos sabrán, todo comenzó con una riña entre dos universidades, a causa de un partido de futbol, sin embargo, las autoridades respondieron de una manera violenta para detener esto; golpearon, hirieron y detuvieron a los estudiantes. Debido a lo anterior, y a pesar del autoritarismo de la época, los estudiantes de ambas universidades se declararon en huelga exigiendo la liberación de los estudiantes detenidos y la indemnización de los hechos. El gobierno, en consecuencia, autorizó la intervención militar, la cual invadió escuelas, lugares públicos y provocó muerte, lesiones y detenciones arbitrarias en los estudiantes y la sociedad civil. Cabe destacar que el gobierno trató de deslindarse de ciertas acciones. Después de todo se organizó un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, el cual el gobierno quiso frenar a manos del ejército y el Batallón Olimpia, con disparos y ataques que terminaron con la vida de miles de personas. Así se dio lo que conocemos como Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Podemos distinguir varias coincidencias entre esta última y el suceso de los normalistas. Una de ellas es la violación a los derechos humanos, en cuanto a la respuesta de los policías desde un principio y las acciones que el gobierno usó para reprimir los movimientos y huelgas, otra, es la forma en que el ejército atacó las escuelas con explosivos y armas de fuego, para después querer deslindarse de la situación culpando a los estudiantes. Por su parte, en el caso de los 43, el gobierno reaccionó positivamente ante la primera teoría de desaparición, afirmando que los estudiantes habían muerto a manos de miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los incineraron y dejaron sus restos en el basurero de Cocula. Sin embargo, los familiares no aceptaron tal afirmación y se contó con el apoyo de más autoridades para contratar profesionales e investigadores, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de esta forma se comprobó que no se tenía suficiente evidencia de ello. Esto causó mayor sospecha hacia el gobierno, quien parecía haber mentido para apresurarse a cerrar el caso.

Durante la investigación de Ayotzinapa, se han dado muchas teorías, sin embargo la mayoría de los manifestantes revelan la frase “Fue el Estado”, otro elemento en común con el caso del 68, además de los ataques hacia personas externas como los transeúntes, como en 2014 sucedió con un camión de futbolistas locales llamados “Los Avispones”, de los cuales 3 resultaron muertos, así también se atacó a dos taxis y  otros vehículos.

Después de la desaparición de los normalistas muchos ciudadanos de Guerrero que habían perdido la confianza con las autoridades, ya que algunas veces estas resultaban estar aliadas con narcotraficantes, se armaron de valor para denunciar la desaparición de familiares ocurridas años anteriores. Cabe mencionar que a partir de noviembre del 2017 se emitió la Ley General sobre Desaparición Forzada, así mismo, ya es considerada un crimen y como nos comunica Arianna Alfaro en La Prensa “su real cumplimiento se verá reflejado en los hechos con el esclarecimiento de los miles de casos en este tema, la presentación con vida de las víctimas, el juicio y castigo a los responsables.”.

A pesar de esto, como señala el Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA), “la desaparición de los estudiantes no ha sido correctamente tipificada como desaparición forzada y continúa investigándose como secuestro”.

Una de las acciones que se tomó fue la formación de colectivos de búsqueda, así mismo, los familiares de estudiantes firmaron un acuerdo junto con representantes del gobierno para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos designara a un grupo de expertos que ayudara en las investigaciones. Los familiares de los estudiantes y de otros desaparecidos en Iguala en años anteriores, también inician la búsqueda por su parte, encontrando varias fosas en la zona del suceso. Además los padres de los normalistas afirmaron que “hasta que no se les ofrecieran pruebas científicas concluyentes, considerarán que sus hijos siguen vivos y los seguirán buscando hasta las últimas consecuencias”.

En 1970 se derogó el delito de disolución social, lo cual constituye un logro del movimiento del 68, con el cual el gobierno se pudo haber justificado antes para reprimir todos los movimientos estudiantiles, sin embargo, este y la manera en que lo aplicaban violaba los derechos humanos en cuanto a la libertad de expresión de los ciudadanos, la democracia y la práctica de tortura. A pesar de ello, en ocasiones parece que se quiere reestablecer debido al injusto actuar de la autoridad.

Muchos movimientos sociales sucedieron antes de que se derogara este delito y siguieron ocurriendo aún después sin que se respetara realmente.

Entre los que precedieron se encuentra el movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1968, en el cual los estudiantes  protestaron ante un aumento de cuotas escolares proporcional a la capacidad del estudiante y la eliminación del subsidio estatal, lo cual se planteaba en el llamado plan “Elizondo”.

En el mismo año, estalló otra huelga en Tabasco Villahermosa, organizada por la Universidad Benito Juárez, la cual dio como resultado el asesinato de docenas de estudiantes en el Río Grijalva. Así mismo un día después, 30 de julio, el ejército disparó contra alumnas de la Normal.

También podemos recordar, entre los movimientos que precedieron, después de la derogación del delito el suceso del 10 de junio de 1971, conocido como el “Halconazo”.

Este ocurrió en el mandato de Luis Echeverría, sucesor de Díaz Ordaz, después de que su gobierno anunciara una mayor apertura hacia movimientos sociales, estudiantes del D.F. organizaron una marcha reclamando la democratización de la enseñanza, un control del presupuesto universitario, libertad política, apertura democrática y poner fin a la represión gubernamental. Sin embargo, la marcha fue agredida justo antes de salir por un comando llamado “Halcones”, entrenados por la CIA y la Dirección Federal de Seguridad. Estos golpearon a los estudiantes y abrieron fuego contra ellos, dejando una cifra de 120 muertos. Nuevamente el Estado negó la existencia de los “Halcones”  y culpó a los estudiantes de la masacre.

Después de conocer lo anterior podemos concluir que es importante que los jóvenes estemos siempre informados de los problemas contemporáneos, participemos activamente y si esperamos una respuesta que nos pueden dar, no es conveniente rendirse. Debemos hacer valer además el derecho que muchas veces se ha pretendido limitar por las autoridades, el del acceso a la información, el cual se corrompió por ejemplo, cuando no se daban a conocer todas las evidencias en la desaparición de los 43 normalistas, además se descubrió el encubrimiento de información y la difusión de información falsa, cuando agentes de policías y miembros de bandas delictivas fueron torturados para que se declararan responsables de los hechos y evidenciar falsamente la primer teoría de la desaparición declarada por Jesús Murillo Karam, el procurador general de México.

Tiempo después este mismo afirmó que el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa habían ordenado el ataque. Este último fue acusado formalmente, sin embargo, debido a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que calificó las investigaciones hechas anteriormente como defectuosas y debido a que se refutó la primer teoría gracias a clara evidencia de que los restos no pertenecían a los estudiantes, el presidente Peña Nieto afirma que la investigación continúa abierta, por lo que se espera que en el próximo gobierno, se termine por resolver el caso.

 

 

 

 

Bibliografía

 

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