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El leviatán mexicano

Es incomprensible la historia contemporánea de México sin el papel que juega en el escenario político y social el “PRI” tanto dentro del marco electoral como de control  de gestión  y de gobernabilidad. Reducir estas siglas a una simple agrupación de individuos que convergen en determinados ideales sería inexacto ya que va más allá de eso, porque una de las consecuencias del proceso revolucionario es el nacimiento de la concentración del poder político.  La élite triunfante de lucha armada edificaría un partido oficial, que tendría como meta prevalecerse en la silla presidencial.  Misma   tendría como objetivos legitimarse con la sociedad para así poder relevar, retener,  y  realizar transformaciones en los distintos ámbitos ya sean culturales, económicos  y  políticos.

El protagonismo que adquiere el Partido Revolucionario Institucional en la segunda mitad del siglo XX lo vuelve infalible, inquebrantable, hegemónico. Se centraliza, se expande, y toma una imagen Hobseniana de un monstruo presidencialista que tiene en sus manos los partidos políticos, los sindicatos, las fuerzas del orden, la designación del gabinete, la destitución de miembros, y el atributo divino de designar a su sucesor.

El Estado mexicano prevaleció y soportó los movimientos populares de la década de los sesenta: el movimiento ferrocarrilero, obrero, estudiantil, magisterial, y el guerrillero. A raíz de la insurgencia las instituciones se hicieron más fuertes y encontrar los mecanismos idóneos para la represión, la cooptación, la censura, y la infiltración. El Estado posrevolucionario poco a poco se desgastaría debido a la insatisfacción social y con ello la oportunidad de cambio social parecía lenta pero viable.

La transición democrática nacional ha causado una fuerte polémica dentro de la opinión pública ya que muchos afirman que ni si quiera ha comenzado u otros apelan a que no se termina por consolidar. Sería complicado calendarizar el nacimiento de una apertura democrática, quizás el avivamiento y proclama más fuerte de la sociedad mexicana posrevolucionaria seria el movimiento estudiantil del “68”, como una llave para abrir puertas de diálogo, de nuevas organizaciones, de un giro institucional, de libertades democráticas, de afianzamiento al derecho al voto y a la libre expresión. La clase política mexicana respondería en base al autoritarismo  erróneamente a esas proclamas  de la juventud  mexicana

La herida incurable que causó el atentado contra el pensamiento crítico en ese entonces dejaba una huella imborrable en la memoria  nacional, pero a su vez la misma protesta construiría  un nuevo camino en la vida de la república, camino que agrupará a los subalternos y a distintas caras, voces que aportan a la incipiente renovación del sistema político mexicano  y por lo tanto  son parte de esa generación liberal histórica del siglo XIX que veía en una futuro a la nación federal, representativa, popular, y democrática.

Es hasta  el año de 1987  cuando aparece  una contienda interna. Esta misma es encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el político  Porfirio Muñoz Ledo mismo que había asumido  antes la presidencia del partido  revolucionario institucional. Este movimiento seria bautizado como “corriente democrática” las bases de su discurso radicaban en dos aspectos principales: una participación homogénea dentro del partido, sin injerencias del ejecutivo activo en ese momento, una apertura informática, una organización que escuchara los intereses de  todo un conjunto sería entonces una opción, un peldaño para la construcción de un nuevo régimen institucional.  La segunda línea era modificar el escenario electoral del partido y del sistema político vigente, que se esforzaba por contrastar una crisis económica y una restructuración urbana, misma causada por el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

La  principal  propuesta de democratizar al partido de Estado por parte de esa élite intelectual, era crear un sistema para lo cual todos los contendientes para la presidencia tuvieran la misma posibilidad de contender y competir sin la injerencia del presidente en turno. A su vez esta medida debería ser ampliada para conformar un nuevo modelo electoral, que incluyera reformas políticas que trataran a fondo la legitimación de las elecciones,  el proceso de evaluación y de publicación de resultados.  Se generarían en 1977 y en 1986 por consiguiente, dos reformas políticas que articularían el sistema de participación ciudadana. José Antonio Crespo las enumeraría[1] como cambios graduales, esenciales que resolverían conflictos y  fundamentarán nuevas bases de cambio desde la sociedad hacia las élites.  Es así que la corriente democrática fracturaría al régimen tricolor e inauguraría un nuevo espacio crítico opuesto al presidencialismo y a favor de la creación de un nuevo modelo jurídico-electoral de gestión e representación  popular.

Para fortalecer la incipiente democracia  es trascendental  abrir los canales de comunicación dentro de los partidos políticos y fuera de ellos. Para que así existan nuevas estrategias modernas, estabilizadoras y de cambio social. La transición democrática no es solamente de unos cuantos, sino que se  debe entrelazar en distintas esferas de la sociedad mexicana. La pluralidad  evidente que se presenta  en la actualidad en México debe llevar a la clase política  a comprender las distintas  demandas sociales.

La necesidad actual del país requiere un Estado social que construya lazos con una sociedad profundamente desigual. La falta de credibilidad que tienen las instituciones hoy nos hace replantearnos la necesidad de reconstrucciones profundas que terminen por combatir efectivamente la corrupción y la impunidad.

 

 

 

[1] 1- Integrar a la izquierda revolucionaria al juego electoral, así presumiblemente haría menos atractiva la vía armada y tendería a moderar ideológica y estratégicamente a la llamada “izquierda histórica”. 2- Garantizar al candidato oficial no contender solo en una elección presidencial. 3- Abrir válvulas de escape a la tensión ciudadana. 4- Otorgar nuevos estímulos a la oposición para incentivar su permanencia dentro del juego electoral. Todo ello, sin poner en juego el carácter hegemónico del sistema de partidos. Véase: Crespo, J. (1998), “Los estudios electorales en México” en Política y Gobierno. México, CIDE, Vol. V, núm. 1, primer semestre.

 

Por: Benjamín Guzmán

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